PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL REMANENTE FORESTAL Y EL FOMENTO A LA REFORESTACION
Diseño de nuevas normativas debe ser prioridad para el Infona, afirman
Una de las tareas prioritarias del Instituto Forestal Nacional (Infona) durante el nuevo gobierno será el diseño de normativas y modelos de apoyo para el aprovechamiento sostenible de los bosques existentes y, paralelamente, el fomento de las plantaciones forestales, explicó en una entrevista el actual titular del ente, Ing. forestal Oscar López. También comentó aspectos de su reciente visita a México, país en el que observó logros en el desarrollo forestal mediante la aplicación de incentivos.
El nuevo gobierno deberá establecer como prioridad nuevas normativas para el aprovechamiento sostenible de los bosques e incentivos que consigan dar impulso verdadero a la reforestación.

“El fomento efectivo de las plantaciones de árboles, no solo en las grandes fincas, sino por sobre todo en las pequeñas propiedades rurales puede iniciarse rápidamente y sin grandes costos”. expresó.

A su criterio, solo hace falta lanzar un programa con un buen trabajo de asesoramiento y extensión en el que se puedan aplicar los conocimientos de los técnicos que se disponen.
Destacó que la colaboración del sector empresarial y demás instituciones, a través del Consejo Asesor de Infona, será decisiva para apoyar la iniciativa y contribuir a la concreción de una nueva política forestal.

Explicó que las plantaciones de árboles contribuirán a la capitalización y al arraigo de los pequeños propietarios rurales incluidos en la reforma agraria. Puso como ejemplo las actividades agrícolas ya desarrolladas, como es el caso de los sistemas agroforestales que son la combinación de cultivos agrícolas anuales como mandioca, porotos, zapallos y otros con plantaciones de árboles.

“Con estas prácticas se podrán producir a un muy corto plazo de tres a cinco años la leña para combustible y el carbón para uso propio y para comercialización empleando el material de los raleos. Además, con el cuidado de los árboles restantes en unos pocos años se podrán producir maderas valiosas para su venta al sector industrial”, acotó.

Consideró que todas estas posibilidades se abren atendiendo a que en el Paraguay existirían más de 250.000 pequeñas fincas rurales con menos de 20 hectáreas de superficie habitadas por familias que fácilmente y sin mayor esfuerzo podrían aplicar su propia fuerza laboral en el emprendimiento.

Ejemplo de México

López refirió su reciente visita a México y elogió los logros alcanzados en ese país dentro del sector forestal, principalmente en lo que respecta a la política de incentivos aplicada para el fomento de las plantaciones.

“He podido comprobar la eficiencia de los incentivos que está ofreciendo México para el fomento de las plantaciones forestales, una experiencia muy exitosa que bien podemos emular en nuestro país”, señaló el directivo del Infona tras su retorno a nuestro país.

Manifestó que lo más destacable en México es que se da mucha importancia al aprovechamiento de los suelos con aptitud forestal, los que no son aptos para hacer agricultura, como ser suelos de pendientes, nacientes de agua o cerros.

“Dan un incentivo anual por reforestación realizada y por mantener la cobertura de vegetación en suelos frágiles”.
Con relación a las posibilidades para el desarrollo forestal que tiene el Paraguay comparativamente con México, dijo que nuestro territorio tiene condiciones naturales de clima y suelo que son excepcionalmente buenas para el desarrollo del sector forestal.

Explicó que los bosques tienen ahora adicionalmente una enorme importancia estratégica porque pueden producir combustibles renovables y pueden reemplazar importaciones de combustibles derivados del petróleo.

 
DESARROLLO RURAL (I)
Falta definir la reforma agraria que el país necesita
Con relación al tema histórico y actual de la problemática rural, cabe destacar que mucho se habla de la “reforma agraria” pero no se conoce aún una propuesta concreta para la solución integral válida duradera del problema campesino. A mi juicio: Para solucionar realmente en forma duradera y definitiva el problema existente deberá diseñarse una política de Estado que contemple la concertación con todos los involucrados para la creación de asentamientos diseñados como empresas productivas.

Los empresarios propietarios deberían proveer las tierras y el capital para trabajar, los agricultores sin tierra deberían estar dispuestos a trabajar organizadamente y en forma conjunta desarrollar empresas rentables con producción agrícola, ganadera y forestal.

El Estado deberá participar para organizar la creación de los asentamientos urbano-rurales planificados con toda la infraestructura necesaria.

SITUACIÓN ACTUAL

Algunos proponen la solución del problema aumentando la recaudación impositiva. Por una parte se propone crear un impuesto para gravar las exportaciones de soja, y por otra crear otro impuesto para gravar progresivamente las propiedades rurales y obligar así supuestamente a los propietarios a vender parte de sus tierras.

Según la teoría, con los ingresos adicionales que recibiría el Ministerio de Hacienda, se procedería a la compra de las tierras que los propietarios estarían dispuestos a vender, y serían entregadas a los “campesinos sin tierra” y así el problema dejaría de existir!

Estimo que solamente con esta propuesta no se solucionará duraderamente el problema por dos razones fundamentales:

Primero: Si bien a corto plazo se aumentarían las recaudaciones del Fisco, eventualmente esos fondos se podrían utilizar en la compra de tierras (si es que hay vendedores de tierras; nadie sabe predecir dónde), y si es que realmente se aplicaran esas recaudaciones para el pago de esas compras. Vale decir, no hay certeza de que se utilizarán los recursos en la compra de tierras y tampoco de que habrá tierras disponibles para comprar y que serán aptas para entregar a los agricultores que las puedan aprovechar.

Segundo: Al no existir una política de Estado con un modelo concreto de creación de asentamientos, la eventual disponibilidad de tierras compradas con mayores recaudaciones permitiría al Gobierno entregar parcelas a los “sintierras”, continuando con el mismo esquema ya fracasado de entregar lotes particulares de 10 hectáreas de superficie.

Esos lotes con pequeñas superficies de 10 hectáreas trabajados en forma aislada y tradicional no permiten alcanzar escalas de producción rentable. Además, está claro que los adjudicatarios de las pequeñas parcelas en forma aislada no podrán recibir la infraestructura básica de apoyo que necesitan porque no hay ningún plan concreto de desarrollo rural y porque es prácticamente imposible llevar los servicios de agua, luz, comunicaciones, educación y salud, etc. a las viviendas que se instalan en cada una de las parcelas en forma aislada y sin ninguna planificación.

Está también comprobado que con estos parcelamientos en pequeñas superficies no se aprovechan bien los recursos naturales, puesto que generalmente se talan todos los bosques y el ambiente en general resulta completamente degradado. Con esta propuesta de solución se logrará eventualmente una pequeña tregua momentánea con algunas organizaciones campesinas y algún rédito político a corto plazo y recursos adicionales en el Ministerio de Hacienda.

DOCUMENTACIÓN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS RURALES

Es un hecho conocido que un alto porcentaje de los pequeños agricultores son indocumentados y además no poseen el título de propiedad de la finca donde están asentados.

Ante esa situación resulta obvio que el Indert debería ocuparse de realizar inmediatamente las acciones para coordinar la documentación de todos los pequeños propietarios rurales, para que se les otorgue su cédula de identidad y también reciban los títulos de propiedad de las tierras donde están asentados en los últimos años (¿cinco años?). También la recuperación de algunas tierras otorgadas en forma irregular e ilegal podría ayudar a repartir más tierras.

Años tras años y gobiernos tras gobiernos, los campesinos vienen exigiendo una verdadera reforma agraria, hasta ahora sin éxito.
Pero estas acciones solo permitirán iniciar la regularización del sector sin alcanzar la solución buscada porque no cambian la raíz del problema, que es estructural.

El resultado previsible volverá a ser el mismo que se observa actualmente: Los campesinos que no alcanzan escalas rentables de producción no podrán arraigarse en el sector rural y se verán obligados a vender sus parcelas. El comprador de las parcelas vendidas por los campesinos volverá a ser un vecino con propiedades mayores capaz de alcanzar escalas rentables de producción, quien a su vez volverá a aumentar la superficie de sus tierras.

Los recursos naturales volverán a ser depredados como consecuencia del parcelamiento no planificado de las tierras.

El que vende su parcela tratará de empezar algún pequeño negocio y luego al no conseguir afianzar sus ingresos volverá a engrosar el gran número de subocupados o desocupados que existe en el país, principalmente en los alrededores de las ciudades.

En conclusión: no se resolvería el problema de los “campesinos sin tierra” ni tampoco el de los empresarios propietarios. El país en general seguiría con problemas porque continuaría la inestabilidad social y no aumentaría la producción. Solo aumentaría la recaudación del Fisco que seguramente contratará más personal administrativo en detrimento de la rentabilidad de las empresas rurales.

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS

Según la encuesta por muestreo realizada por el MAG en los años 2001-2002, para la Región Oriental: de un total de 318.793 “explotaciones” rurales, las explotaciones con más de 200 hectáreas representarían el numero de 6.176 (1,9% de las explotaciones), con una superficie de 8.415.262 hectáreas (69,2% de la superficie). Fuente: (*) Encuesta Agropecuaria por Muestreo 2001/2002. Región Oriental. Resultados Preliminares. Boletín de Cuentas Nacionales 1992 – 2002 BCP. Paraguay.

Asentamientos productivos: Para solucionar realmente en forma duradera y definitiva el problema existente deberá diseñarse una política de Estado que contemple la concertación con todos los involucrados para la creación de asentamientos diseñados como empresas productivas. Los empresarios propietarios deberían proveer las tierras y el capital para trabajar, los agricultores sin tierra deberían estar dispuestos a trabajar organizadamente. El Estado deberá apoyar la creación de asentamientos urbano- rurales planificados con toda la infraestructura necesaria. Los nuevos asentamientos deberán organizarse como unidades de producción de carácter permanente donde sus tierras no puedan volver a venderse en forma de lotes. Sigue presentación resumida del modelo de asentamientos productivos en la próxima publicación.

DESARROLLO RURAL II
El modelo de asentamientos debe integrar a campesinos con empresas

Hasta la fecha carecemos de una propuesta válida para la integración de los campesinos sin tierra y sin trabajo a empresas productivas y al proceso de desarrollo económico y social, tema histórico y actual de la problemática rural. Un alto porcentaje de los pequeños agricultores son indocumentados y, consecuentemente, no pueden acceder al título de propiedad de la finca donde están asentados.
El Indert debería ocuparse prioritariamente de organizar la documentación de todos los pequeños propietarios rurales para que se les otorgue su cédula de identidad y reciban los títulos de propiedad de las tierras donde están asentados legalmente en los últimos años.

La recuperación de lotes otorgados en forma irregular e ilegal ayudaría a repartir más tierras. Pero estas acciones solo permitirán iniciar la regularización del sector, sin alcanzar la solución del problema estructural.

Modelo Mingapar

Para solucionar en forma duradera y definitiva el problema existente deberá diseñarse una política de Estado que cambie la estructura vigente mediante la concertación con los actores involucrados: empresarios, agricultores que quieran trabajar y Estado, para encarar la creación de asentamientos-empresas productivas y rentables. Los empresarios propietarios deberían proveer las tierras y el capital operativo; los agricultores sin tierra deberían estar dispuestos a trabajar organizadamente. El Estado deberá apoyar la creación de asentamientos urbano-rurales planificados con toda la infraestructura necesaria. La coordinación la haría una nueva organización a crear, por ejemplo: Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inader) que estaría administrado por los actores del programa apoyado por una fundación (Ejemplo: Fundación Chile), y asesorado por los más destacados estrategas del país.

Los nuevos asentamientos deberán organizarse como unidades de producción de carácter permanente donde sus tierras no puedan volver a venderse en forma de lotes. Así se crearán puestos de trabajo en el sector rural y paralelamente en las agroindustrias procesadoras de las materias primas del agro mediante la formación de las cadenas productivas. Para que los puestos de trabajo en el sector rural sean duraderos deberá asegurarse la rentabilidad de la producción que generarán, y esta rentabilidad solo se alcanzará con ciertas escalas de producción. Las escalas de producción se alcanzarán con la formación de cooperativas, con el aprovechamiento integral de las tierras mediante proyectos de producción planificados profesionalmente, con la propiedad de las tierras en forma de condominio indiviso y la optimización de producción agrícola, ganadera y conservación de bosques, así como con nuevas plantaciones forestales e industrialización.

Tenencia asociativa

El asentamiento permanente se logrará con la tenencia asociativa de las tierras y el arraigo de los habitantes del sector rural se logrará con la instalación de asentamientos urbano-rurales diseñados para cumplir con todos los requerimientos modernos que aseguren la calidad de vida para que sea atractivo y razonable vivir permanentemente allí. La industrialización de los productos del agro permitirá crear las fuentes de trabajo adicionales necesarias.

El Estado proveerá el marco legal e institucional para organizar la creación de asentamientos urbano-rurales con una superficie mínima de 1.000 has, y con la participación respectiva de cien o más familias, instaladas en un centro urbano planificado con toda la infraestructura necesaria. Las tierras necesarias para la ejecución del programa asociativo serían aportadas por los actuales propietarios de tierras a un fondo fiduciario en carácter de inversión participativa, como inversión obligatoria, mediante legislación apropiada concertada con el Ejecutivo y los Actores sociales involucrados. Si todos los propietarios, con más de 200 Ha. de superficie realizaren un aporte del 5% (cinco por ciento) de sus tierras, o su contrapartida en dinero para compra de tierras, se generaría la disponibilidad de una posible superficie de tierras de aprox.: 400.000 Ha. (cuatrocientas mil hectáreas); los propietarios de grandes superficies podrían aportar un porcentaje mayor de tierras. Estas tierras servirán para la creación de los nuevos asentamientos con planificación de producción: agrícola, ganadera y forestal, a diseñar según localización y aptitudes de las tierras, por ejemplo: 400 Asentamientos de 1.000 Ha.; ó 200 asentamientos de 2.000 Ha., etc. Los propietarios originales de las tierras que participarían en el programa recibirían acciones equivalentes a un determinado porcentaje de participación societaria en los asentamientos. Esas acciones generarán determinados dividendos vinculados con el valor de la producción. Los socios empresariales contribuirán también a ayudar a lograr una mejor comercialización de los productos de la empresa de la que son accionistas. Para aprovechar al máximo las posibilidades de optimizar la rentabilidad, en los nuevos asentamientos se trabajaría con especial priorización de la producción forestal. Vale decir con la implementación de sistemas agroforestales y agro-silvo-pastoriles, así como el manejo y enriquecimiento de las áreas con cobertura de bosque nativo y también con forestación y reforestación con especies de árboles valiosos nativos y/o exóticos de rápido crecimiento. Además con el aprovechamiento y la plantación de cocoteros para producir aceite destinado a la elaboración de biodiésel.

Producción orgánica

Para la agricultura y la ganadería deberá preverse la producción de productos orgánicos con los mayores valores de venta. Para financiar el inicio del Proyecto se pueden utilizar recursos de los fondos estructurales del Mercosur y otros recursos especiales a aportar por el Gobierno a la “Fundación Mingapar”. Se puede demostrar que los posibles ingresos generados solamente por la producción primaria de estos asentamientos en un periodo de quince años podrían alcanzar un importante saldo neto de utilidades, por valor estimado de US$ 2.885,01 millones computando solamente los ingresos de producción primaria: agrícola, ganadera y forestal (Ver tabla adjunta).
Sin considerar aún los ingresos adicionales por la industrialización de las materias primas. Y sin considerar tampoco los beneficios ambientales de la plantación de bosques y la posibilidad de negociar cupos de secuestro de carbono (protocolo de Kyoto). La magnitud de esos ingresos permitiría que los agricultores beneficiados con el Programa puedan utilizar su participación societaria en las ganancias para pagar la compra de sus “acciones” correspondiente a su porcentaje de participación en los respectivos asentamientos. El precio por esas “acciones” será pagado a la institución rectora del programa, en un plazo a determinar, con cuotas anuales distribuidas durante un plazo de diez, quince o más años.

El programa administrado por la representación del Estado y los asociados recuperaría a corto plazo sus inversiones y podría generar un fondo rotativo cuyos saldos disponibles podrían posibilitar reinversiones en los asentamientos, por ejemplo en infraestructura o en incrementar la industrialización de la producción.

Los propietarios colindantes con estos asentamientos se beneficiarán con la infraestructura que se construirá y la vecindad de nuevos centros urbanos, además contarán con trabajadores y operarios de confianza.

Los nuevos asentamientos podrán luego de su puesta en marcha absorber en forma progresiva los asentamientos ya existentes en su vecindad. La ejecución de este proyecto contribuirá también a la activación general de la economía y a la modernización del país. ¡Un buen negocio para todos!

GREMIO ACUSA A SEUDO MADEREROS DE IMPULSAR CAMPAÑA EN SU CONTRA

Fepama refutó denuncia del defensor adjunto

Con la presentación de una Resolución firmada por el Juez Penal de Garantías, Rubén Darío Riquelme y otros documentos referentes a los proyectos de reforestación presentados al Servicio Forestal Nacional (SFN), hoy INFONA, la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) refutó la acusación hecha en su contra por el Defensor del Pueblo Adjunto, Edgar Villalba.

En el marco de una conferencia de prensa brindada en la víspera, su titular, Juan Carlos Altieri, volvió a tildar a Villalba de irresponsable y de ser víctima de la manipulación de unos seudo dirigentes madereros, que procuran compensar la falta de bases con ruido mediático y que, a su criterio, en búsqueda de alguna publicidad y con el objetivo de influir en las decisiones sobre la conformación del Consejo del INFONA, intentan por todos los medios desprestigiar al gremio y a su persona.

ANTECEDENTES
Explicó que la acusación surge a raíz de una denuncia formulada por el entonces Contralor General de la República, Dr. Francisco Javier Galiano, contra personas innominadas, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en el MAG. Según la referida causa judicial, Galiano formuló esta denuncia atribuyendo la supuesta responsabilidad a las autoridades y funcionarios del SFN, dependiente del MAG, en el año 1998.

Altieri explicó que luego de realizarse la investigación correspondiente y al no encontrarse hecho imputable, el Juzgado Penal de Garantías resolvió finalmente desestimar la denuncia y disponer el archivamiento del expediente, por lo cual el caso fue cerrado.

“A pesar de todo esto, hoy surgen ciertos seudo dirigentes que intentan de nuevo reflotar el tema impulsados por oscuros intereses, manipulado a la gente y acusando injustamente a la Fepama de estar involucrada en este hecho cuando la causa judicial ya fue archivada por no encontrarse elementos que imputar en contra del gremio”, agregó.

LA ACUSACIÓN
La acusación en contra de la Fepama surge con la denuncia realizada por el Defensor Adjunto, Edgar Villalba, quien pidió un informe al MAG sobre la utilización de unos 1.200 millones de guaraníes provenientes de los aportes de los empresarios madereros por la expedición las guías para la exportación. Los acusadores sostienen que la expedición de estas guías y la recepción de los aportes voluntarios por parte de la Fepama fue ilegal y cuestionan el destino que se le dio a esos fondos.

LA RESPUESTA
Según la Fepama, los aportes para reforestación fueron voluntarios y provinieron de los empresarios madereros y no de un presupuesto asignado por el Estado. Además, el gremio maderero sostiene que no puede considerarse ilegal desde el momento en que el titular del MAG en aquel entonces, Hipólito Pereira, refrendó con su firma la resolución respectiva.

En cuanto al destino de estos fondos, la Fepama presentó al SFN proyectos de más de 1.000 hectáreas de reforestación y manejo de bosques en los Departamentos de Itapúa, Caaguazú y Canindeyú. Uno de los trabajos
demostrativos realizados se puede observar sobre la Ruta 2, en la Escuela Agrícola Carlos Pfannl de Coronel Oviedo.

El resto de lo recaudado fue entregado a Asociaciones gremiales del interior, entre ellas la de Coronel Oviedo, para la realización de forestaciones y actividades forestales, cubiertas por un seguro de caución de cumplimiento, todo bajo aval de compañías Triple A y endosadas a favor del SFN a fin de garantizar su fiel cumplimiento.

Señaló también las importantes inversiones realizadas por Fepama en la promoción del sector forestal con la instalación de un vivero piloto en el Departamento de San Pedro y las actividades de producción de plantas y de capacitación modelo que se están desarrollando allí continuamente.

SOBRE DESIGNACIÓN DE RODAS
Según los acusadores, les llama la atención que meses después de firmarse la resolución de la expedición de guías de exportación, el Ing. Manuel Rodas, quien en ese entonces se desempeñaba en el SFN haya sido removido del cargo y contratado como asesor de la Fepama.

Altieri, en nombre de Fepama, aclaró en primer lugar que el Ing. Rodas no fue removido de su cargo, sino que simplemente terminó su contrato temporario en el SFN. Además destacó que el gremio mantuvo anteriormente siempre contactos con el Ing. Rodas, también profesor en la Carrera de Ingeniería Forestal y con un amplio currículo de formación profesional y considera lógico que como todo profesional, tiene el derecho de aprovechar las mejores oportunidades laborales que se le presente.

Cuando la Fepama resolvió ampliar sus actividades gremiales y necesitó un especialista forestal realizó un concurso de meritos y aptitudes y como resultado recurrió a la contratación del Ing. Rodas, hoy miembro electo del Consejo Directivo. Esa contratación fue realizada por el gremio y no por el Lic. Juan Calos Altieri en forma particular.