Unas 10 personas fueron detenidas ayer miércoles durante el allanamiento de un inmueble privado perteneciente a la empresa Desarrollos Madereros S.A, en la Colonia Toryvete, distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná.
La Dirección de Policía del Alto Paraná no reportó incidentes mayores, pero detuvieron a 10 personas, identificadas como: Benjamín Cuenca Morel, Gerónimo Fabián Gutiérrez (con orden de captura por invasión de inmueble ajeno), Marcial Acosta Garayo, Carmelo Montiel Ruiz Díaz, Wilson Cubas Peña, Wilson Acosta Garayo, Arcadio Flores López, Jafet Derlis Colmán Dávalos, Teófilo Fariña Ferreira y Joel Galeano Colmán. Todos fueron trasladados a la dirección policial, en Ciudad del Este, por tratar de obstruir el mandamiento judicial.
Este operativo fue dispuesto por la fiscala Natalia Montanía, luego de que estos se negaran a abandonar la propiedad a pedido del Ministerio Público.
Las personas estaban ocupando un inmueble que tiene unas 1.500 hectáreas y el operativo se desarrolló en tres sectores, en dos habían dos grupos de campesinos, y en otro unas 30 familias indígenas.
Inicialmente, eran unas 100 personas las que ocupaban la propiedad, alegando que esta pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El allanamiento se realizó luego de que un informe técnico del Indert haya determinado que la finca no forma parte de las propiedades de la institución.
La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), en un reciente comunicado a la opinión pública, condenó estos hechos enérgicamente, así como el hostigamiento permanente a esta empresa por parte de un grupo campesino, apoyado por algunos políticos inescrupulosos que están poniendo en riesgo una importante inversión internacional con fines de proselitismo o corrupción pura.
Todo esto a pesar de haberse comprobado en diferentes instancias que las tierras pertenecen legítimamente a la firma mencionada y no generan conflicto alguno con otros inmuebles colindantes, según comprobó el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Desarrollos Madereros S.A – asociada a la Fepama- es propietaria en Paraguay de varias fincas ubicadas en los Departamentos de Caazapá y Alto Paraná. Todas fueron adquiridas entre los años 1996 a 1998 y entre ellas están bajo invasión y amenaza constante más de 1.500 hectáreas, hecho que interfiere incluso en su sistema de producción.
Hay que destacar que esta empresa, dedicada a la producción forestal, agrícola y ganadera, constituye hoy día una de las principales proveedoras de materia prima para el sector maderero nacional, por lo cual esta situación por la que atraviesa pone además en riesgo a la industria local.
RELATORIO
Las propiedades de la empresa Desarrollos Madereros se encuentran en el Departamento del Alto Paraná, dentro de los distritos de Hernandarias y Minga Guazú.
En agosto de 2019 un grupo de campesinos de la Colonia Toryvete invadió la propiedad de la empresa, ocupando una zona de bosque nativo y otras áreas cultivadas, además impidiendo continuar con las actividades agrícolas y forestales que se desarrollan en el predio.
En total, están en conflicto 10 fincas en el distrito de Hernandarias que abarcan más de 1.500 hectáreas.
En un principio, la empresa optó por el diálogo a través de sus representantes para una solución pacífica como primera instancia.
Luego de semanas de dialogo y no habiendo acuerdo se recurrió a los instrumentos legales correspondientes. Fue así que que se llegó a la instancia judicial, presentando una denuncia contra personas innominadas en el Ministerio Público, cuya agente fiscal interviniente es la Nathalia Montanía, quien ha desarrollado desde ese momento un sinfín de diligencias, entre ellas, una solicitud de informe de la situación de los inmuebles a la Dirección General de los Registros Públicos y también a la Dirección del Servicio Nacional de Catastro.
Todos estos informes solicitados fueron agregados a la carpeta fiscal que demuestran la titularidad de dichos inmuebles como asimismo la ubicación física geográfica.
Por otro lado, se solicitó al INDERT un informe y también quedó demostrado que dicho inmueble tampoco figura en sus registros, por no haber pertenecido a la institución.
De la misma manera, el INDI hizo un estudio y análisis y se corroboró que los títulos de estos inmuebles presentados no son colindantes entre sí y que no afectan al área perteneciente a la comunidad indígena Acaraymi, en Hernandarias.
Teniendo en cuenta todos estos informes, la Fiscalía resolvió disponer el cese del hecho punible, fijando fecha del procedimiento para el 12 de marzo de 2020, pero esta acción no pudo concretarse debido a la irrupción de la pandemia del Covid-19.
Luego fue fijado nuevamente para el 02 de julio de 2020 este procedimiento, pero tampoco pudo concretarse por falta de acompañamiento de las fuerzas del orden público (Policía Nacional).
Es importante mencionar que la empresa se vio obligada a plantear acción judicial, a consecuencia de los constantes hostigamientos por parte de los integrantes de este grupo campesino.
En ese sentido, se ha planteado un Amparo Constitucional c/Personas Innominadas, sobre el total del área afectada, consiguiendo así una medida cautelar de resguardo y protección, asimismo, se planteó Interdicto de Recobrar la Posesión en otro sector del inmueble.
Fuentes: Diario Última Hora, Portal Digital La Clave